LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: TAREA RETRASADA

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:  UNA TAREA RETRASADA E INCONCLUSA

El problema más grave que sufre nuestro país y que afecta nuestra democracia, es el problema de la corrupción, monstruo que corroe nuestras estructuras básicas, nos condena a la pobreza, nos debilita en nuestro afán de ayudar a construir un nuevo y justo Ecuador.

Agobiados por la corrupción, los ecuatorianos votamos en la consulta popular para elegir a un nuevo CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, con la certeza de que, como “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público”, el nuevo CPCCS integraría una FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA decidida a hacer con eficacia lo que no se había logrado antes:  Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, prevención y lucha contra la corrupción; Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción.   Quizás la mayoría de los que votamos en la consulta no leyó la letra chica de los anexos, sólo confió en que el nuevo Consejo cumpliría con la responsabilidad constitucional  de combatir la corrupción poniendo nuevos mecanismos de control social para frenarla, buscar se sancione la corrupción detectada, ya que la impunidad es como un aliciente para que aumente de tamaño este engendro del mal y obligar a devolver lo injusta, ilegal e ilegítimamente adquirido.

Ha pasado  el tiempo y se acaba el plazo dado en la consulta al transitorio CPCCS, a tal punto que ya ahora la atención está en los nuevos miembros que vamos a elegir para renovar otra vez el CPCCS.  Sin embargo, no se percibe un trabajo eficaz en esa lucha contra la corrupción;  da la impresión que la consigna que se escuchaba “hasta que el Vidrio se rompa” es la que ha prevalecido.  El Vidrio está hecho pedazos en una cárcel y hasta allí llegó el entusiasmo. Luchar contra la corrupción requiere mecanismos, prevención y sanción equiparables.

Efectivamente, escuchamos denuncias casi a diario, sobre   construcciones de obras con sopreprecios, contratos  amañados, contratos de obras inexistentes, piponazgo, diezmos, compra de puestos públicos, sobrevaloración de presupuestos, pago de comisiones, porcentajes pagados en contratos, coimas, etc.  Denuncias que salen desde la misma Presidencia, pasando por las secretarías de Estado y otras instancias de gobierno.  Pero, las denuncias se quedan en escándalos.  No funciona la FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA, integrada por los ciudadanos que constitucionalmente tienen la obligación de poner las reglas y coordinar acciones para la transparencia y la lucha contra la corrupción: Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, las siete superintendencias.  La prensa dice que durante este tiempo, sólo se han reunido una sola vez, para elegir al Presidente y al Vicepresidente.

La lucha contra la corrupción debe significar algo más que cambiar unos funcionarios por otros.  Mientras el país entero está distraído espectando  los procesos de cambio de funcionarios, alentados por la impunidad, los corruptos enquistados en las diferentes instancias del estado, siguen muy campantes haciendo lo mismo que sus antecesores.

Proponemos a la Función de Transparencia:

Que el CPCCS, la Contraloría, la Fiscalía, coordinen sus esfuerzos y actúen de hecho frente a denuncias públicas de corrupción, investigando ellos mismos, sin esperar que los denunciantes comparezcan con las pruebas en las manos.  Las denuncias de corrupción, son de índole público y no privado. Muchos denunciantes tienen miedo frente a quienes ostentan poder.

Que presenten un proyecto de CONTRALORÍA SOCIAL, que conlleve la obligación de que –en cada contrato que firma el estado (gobierno central, gobiernos autónomos)- estén representados los beneficiarios de la obra o del servicio públicos, para que los ciudadanos puedan controlar efectivamente el uso de su dinero;

Que dispongan que:

• la banca pública abra una línea de crédito a favor del contratista que presenta su factura de obras construidas debidamente fiscalizadas, hasta que la autoridad administrativa realice efectivamente el pago;
• los sueldos de todos los Prefectos, Alcaldes, concejales, miembros de Juntas Parroquiales y demás funcionarios del Estado, se hagan públicos.
• todo ciudadano que ostente una función pública y que se separe del cargo por cualquier causa, presente y publique una rendición de cuentas;
• las entidades de cualquier índole, reciban o no dinero del Presupuesto del Estado, que realicen actividades catalogadas constitucionalmente como servicio público, también rindan cuentas a la sociedad y al Estado.

Aún hay tiempo para renovar nuestra fe en una democracia que resuelve los graves problemas que aquejan al pueblo.