POSORJA PRETERIDA

“-¿Quién mató al Comendador? 

-Fuenteovejuna, Señor.

-¿Quién es Fuenteovejuna?

-Todo el pueblo, a una.”

El drama de Lope de Vega, del cual evocamos un párrafo, aparece como una obra de contenido social y reivindicativo, en la que se representa la rebelión del pueblo llano, unido ante la tiranía y la injusticia en el contexto histórico de finales del siglo XV y principios del XVI.   En definitiva, un conflicto social entre poderosos y oprimidos, donde el personaje colectivo es el pueblo.

En un estado de “derechos y de justicia” como es el Ecuador, según se desprende del Artículo 1 de la Constitución de la República, en pleno siglo XXI, era imposible pensar que el drama de Fuenteovejuna se repita, puesto que se supone que vivimos una democracia participativa, el poder de la autoridad emana del pueblo y existen mecanismos constitucionales para exigir que se respeten los derechos humanos y se realice la justicia.

Sin embargo, sucedió en Posorja, parroquia rural de Guayaquil, donde por siglos han vivido hombres y mujeres de bien, dedicados a la pesca, la agricultura, al pequeño comercio; pero, esta otrora pacífica aldea, ya no es tal, es una ciudad de 40.000 habitantes, que soporta una desatención acumulada de muchísimos años.

El hecho execrable que ha conmovido al Ecuador, es una señal, una alarma que se activa, que debe hacer reflexionar a nuestros gobernantes y representantes quienes, obnubilados por el poder, no se detienen a analizar si están cumpliendo con aquello que la Constitución manda, cuando en su artículo 3 establece que la “principal obligación del Estado es garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce los derechos establecidos en la Constitución,… erradicar la pobreza,… promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir; promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización; .. garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”

Posorja, aunque tiene una Junta Parroquial, depende de las decisiones que en su nombre se toman en Guayaquil.  La Junta Parroquial de Posorja, tiene un poder, presupuesto y competencias ínfimos en relación al número de habitantes y a sus necesidades colectivas insatisfechas; la educación no es de calidad ni pertinencia y la mayoría de sus profesores son de fuera de la ciudad; los jóvenes, acosados por la violencia y la droga, no tienen oportunidades de estudios superiores y por tanto, no tienen oportunidades de trabajo; autoridades fiscales y municipales se confabulan para extorsionar, acosar, chantajear a los pobladores; mientras el gobierno promete Casa para Todos, las máquinas municipales tiran abajo humildes viviendas de un asentamiento popular consolidado y reconocido desde el año 2016;  el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a espaldas del pueblo, pretende una expropiación de tierras agrícolas de más del 80% del territorio parroquial, probablemente para vender la tierra a mejor precio a las empresas cuando funcione el Puerto de Aguas Profundas; la Policía tiene una UPC, pequeñita y mal equipada; el centro de salud destinado a la parroquia no abastece; el Ministerio del Trabajo, no atiende los reclamos de los trabajadores de sus grandes empresas.  En fin,  los reclamos del pueblo y de sus organizaciones no han sido escuchados ni atendidos por décadas, lo que ha traído como consecuencia que los posorjeños  perciban que son invisibles, que el sistema les ha dado la espalda, que la justicia no funciona, que las palabras de la constitución se las lleva la brisa del mar.

La experiencia traumática que los habitantes de Posorja acaban de vivir, los ha hecho organizarse y analizar en conjunto sus fortalezas como pueblo, sus debilidades y las oportunidades que podrían tener.  Es así que, revisando la Constitución y las leyes, Posorja ha encontrado que, el camino para solucionar su rosario de males, es volver a plantear la cantonización, hecho que fue propuesto en el Congreso Nacional en el año 1995 y que fue negado por la oposición del entonces Alcalde de Guayaquil.

En la provincia del Guayas, ciudades pequeñas como Simón Bolivar, Jujan, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Balao, con menos población que Posorja, son cantones, reciben servicios, infraestructura y presupuesto como cantones, tienen autonomía y competencias para organizarse, planificar  su desarrollo y el uso de sus recursos.   La gente de esos cantones, tiene la posibilidad de exigir cumplimiento a sus autoridades, pues viven entre ellos.

Nada de esto es posible para los posorjeños que, a pesar de su rica historia, sus tradiciones, la generación económica de las grandes empresas pesqueras asentadas en la ciudad, son apenas una pequeña parroquia rural olvidada de Guayaquil y del Ecuador.

Es el momento de convertir esta crítica situación en una oportunidad para estos ecuatorianos por tanto tiempo preteridos.  Se le ha planteado a la señora Gobernadora de la Provincia que coja las riendas de esta situación, con su gabinete provincial realice un diagnóstico y comprometa soluciones holísticas, integrales que lleven a que el Presidente de la República proponga el proyecto de ley de cantonización de Posorja, como corresponde según el COOTAD.