SEGURIDAD EN EL AREA RURAL Y ABIGEATO
SEGURIDAD EN EL ÁREA RURAL Y ABIGEATO.-
El art. 261 de la Constitución establece como competencia exclusiva del Gobierno Central la protección interna y el orden público. Esta competencia se ejecuta a través de la Policía Nacional, encargada de velar por el respeto a los derechos de las personas y por sus bienes. A pesar del esfuerzo de la Policía, en el área rural se siente mucha inseguridad y es uno de los motivos por los que mucha gente deja el campo.
Seguridad en el campo no sólo para evitar el robo de ganado o de las cosechas sino, principalmente, para evitar todo tipo de actos violentos que atenten contra la vida y la integridad de las personas.
La gente en el campo siente un desamparo muy grande desde el punto de vista de la seguridad personal, de la justicia, en lo económico.
Por ejemplo, el delito de abigeato, se denuncia pero no se siguen las causas en los tribunales porque no hay claridad en los procesos, porque reclamar justicia es costoso, porque hay corrupción; y, aunque se los agarre infraganti, los delincuentes no son procesados y peor castigados; esto trae como consecuencia la impunidad que es abono para más delincuencia. Los delincuentes se mofan de la Policía y de la justicia y se pavonean con sus fechorías. Tampoco se ha implementado procesos para perseguir a los que comercializan la carne de animales robados. En consecuencia, no hay eficacia en la persecución penal de este delito.
Desde el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS, se puede colaborar con la Policía Nacional y complementar sus actividades, para crear una cultura de paz. Los delitos de violencia familiar se pueden evitar a través de procesos de formación en derechos, en valores tales como la equidad, el respeto; creando una red de Centros de Mediación en cantones y parroquias, para resolver conflictos familiares, entre vecinos, laborales, de tierras, sin tener que recurrir a costosos, largos y engorrosos procesos judiciales.
Por otro lado, desde el Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y en mancomunidad de esfuerzos con los Alcaldes y las Juntas Parroquiales, se debe establecer un sistema de control de la carne faenada, implementar modernos mataderos desde donde debe salir la carne faenada, cortada, lista y segura para la venta al consumidor final; estos camales modernos pueden ser empresas público-privadas, que se pagan con la venta de los subproductos que no consumen las personas, por lo que el rastro que pagan los dueños de las reses es sólo simbólico.
La solidaridad para quienes viven en el campo es esencial, por ello, en esta tarea de crear seguridad, deben comprometerse todos: campesinos, empresarios agrícolas, autoridades cantonales y provincial, operadores de justicia; sólo en un proceso de democracia para la convivencia veremos que se irán resolviendo los problemas.
JUNTOS PODEMOS