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ES URGENTE VOLVER A CONFORMAR UN SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – Cecilia Calderón
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ES URGENTE VOLVER A CONFORMAR UN SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ES URGENTE VOLVER A CONFORMAR UN SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

UN SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

La sociedad se alarma con justa razón, frente a diversas manifestaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes: violaciones, acoso, maltrato, mendicidad, drogadicción, bullying, abandono.  La alarma se convierte en desconcierto ya que  Ecuador fue el primer país en América y el tercero en el mundo en aprobar la Convención de Derechos de los Niños y, mediante un largo y consensuado proceso, que duró 4 años se construyó el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia –vigente desde el 2002- ejemplo y modelo para códigos similares en otros países de América que, anticipándose a las disposiciones constitucionales del año 2008, creaba un SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, descentralizado y participativo.

La rectoría del sistema la tenía el CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, constituido paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, con el objeto de crear políticas públicas y evaluarlas.  Se creaba en cada cantón un Consejo Cantonal de Derechos de los Niños, también bajo el principio de corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la Familia y una Junta Protectora de Derechos de Niñez, con atribuciones amplias para tomar medidas administrativas para hacer cesar de inmediato una situación de vulneración de derechos.  Los operadores de justicia eran parte del sistema, quienes tenían que acreditar estudios especializados que les permitieran entender el principio del interés superior de los niños y administrar justicia en equidad.

La Constitución de 2008, en el Art. 341 claramente establece que “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución…La protección integral funcionará a través de sistemas especializados de acuerdo con la ley…El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.”  ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hay la sensación de que hemos retrocedido en la protección de nuestros niños y niñas?   Simplemente que en julio del año 2014, a través de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, se desmanteló el Sistema de Protección de Derechos de la Niñez.  Desapareció el Consejo Nacional de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.  Se desarticularon los Consejos Cantonales de Derechos de los Niños y, los que subsistente, no responden al principio de corresponsabilidad ni entendieron su rol de crear políticas públicas; los GAD cantonales y parroquiales, no dotaron de recursos a las Juntas de Protección de Derechos del Niño las cuales perdieron autoridad frente a las instituciones del gobierno central; los GAD municipales no asumieron su responsabilidad de poner a disposición de la comunidad, servicios de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, tarea que  acaparó el lejano Estado Central que, por lejano, ineficiente. Se desarticuló la justicia especializada de niñez y adolescencia a tal punto que hasta los reclamos de alimentos, régimen de custodia y visitas, se redujeron a llenar formularios, permitiendo situaciones de inequidad e injusticia.

Hoy, el Ministerio de Inclusión Social, está dirigido por dos mujeres comprometidas con la causa de la niñez: la Ministra Berenice Cordero, quien fue Directora Ejecutiva de UNICEF durante todo el proceso de aprobación del Código de Niñez; y la Subsecretaria Rocío Rosero, quien fue Asesora de la Comisión Legislativa Especializada de Familia, Mujer, Niñez, personas de la tercera edad y con discapacidad en ese mismo lapso.  Les corresponderá una ardua tarea: pedir la derogatoria de la Ley de Consejos Nacionales por la Igualdad y su reglamento, por inconstitucional e inconveniente a los intereses de la sociedad, de tal manera que se pueda restituir el Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Niñez y articular los Consejos Cantonales de Niñez; exigir al Consejo de la Judicatura, que se cree una justicia especializada para atender las causas de vulneración de derechos de la niñez, con jueces especializados; reformar las noveleras normas desperdigadas en diversos cuerpos legales y reglamentarios que entorpecen el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes; capacitar a Alcaldes, concejales, miembros de juntas parroquiales, miembros de los Consejos Cantonales de Derechos de Niñez, miembros de Juntas Protectoras de Derechos de Niñez, operadores de justicia, operadores de educación y salud, sobre los derechos de los niños y el sistema de protección; motivar a las ONG para que vuelvan a entusiasmarse en trabajar a favor de los derechos de la niñez.

Mayo de 2018

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